Cuando el Estado congela tu patrimonio: la Corte valida el bloqueo de cuentas y redefine los límites del poder financiero

Richard Pipes, el historiador de Harvard que dedicó décadas a estudiar la relación entre propiedad y libertad política, sostenía una tesis provocadora: allí donde el Estado puede disponer del patrimonio de las personas sin controles institucionales eficaces, la libertad individual se convierte en ficción. No importa cuántas garantías formales existan en una constitución si, en la práctica, la autoridad puede paralizar la vida económica de un ciudadano con un acto administrativo.

Esa tesis —formulada para explicar la diferencia entre la tradición anglosajona y el absolutismo ruso— adquiere una vigencia inesperada a la luz de lo que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022. Lo que estaba en juego no era un tecnicismo legislativo, sino una pregunta fundamental sobre el diseño institucional mexicano: ¿quién decide, y bajo qué estándares, que una persona pierde acceso a su dinero?

El caso: un procedimiento incómodo

En marzo de 2022, el Congreso de la Unión adicionó el artículo 116 Bis 2 a la Ley de Instituciones de Crédito. El propósito declarado era subsanar un vacío que la propia Corte había señalado: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tenía la facultad de incluir personas en una "lista de personas bloqueadas" —con el efecto inmediato de congelar todas sus cuentas bancarias—, pero no existía un procedimiento claro que vinculara esa medida con un proceso definido ni que garantizara el derecho de defensa.

Cuarenta y nueve senadores impugnaron la reforma. Sus argumentos eran directos: la norma permite que una autoridad administrativa congele el patrimonio de una persona con base en "indicios suficientes" de vinculación con delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, sin intervención del Ministerio Público, sin orden judicial y sin audiencia previa. Primero te bloquean; después, si quieres, te defienden.

La Corte, en una decisión que merece lectura cuidadosa, declaró la norma válida.

Lo que decidió la Corte —y por qué importa

El Tribunal Pleno construyó su razonamiento sobre tres pilares.

Primero, calificó el bloqueo de cuentas como una medida cautelar administrativa, no como una sanción penal ni como un acto privativo definitivo. La distinción es crucial: si el bloqueo fuera penal, requeriría intervención del Ministerio Público y control judicial previo. Al ubicarlo en el terreno administrativo, la Corte admite que basta con que la autoridad hacendaria funde y motive su decisión.

Segundo, consideró que el artículo 116 Bis 2 subsana el vicio que la extinta Segunda Sala había detectado en el artículo 115: la ausencia de un procedimiento. Ahora existe uno —con plazos, audiencia posterior, resolución fundada y posibilidad de impugnación ante la vía administrativa—, lo que a juicio de la Corte satisface la garantía de seguridad jurídica.

Tercero, rechazó que la expresión "delitos asociados" con el terrorismo o el lavado de dinero sea vaga. Para la Corte, ese término se delimita por referencia al entramado de leyes financieras sectoriales que tipifican conductas específicas en el sistema financiero mexicano.

La tensión que Pipes habría reconocido

En Propiedad y Libertad, Pipes traza una línea histórica clara: las sociedades que protegieron la propiedad privada frente al poder discrecional del soberano fueron las que construyeron regímenes de libertad política. En Inglaterra, la Carta Magna de 1215 nace precisamente como un límite a la capacidad de la Corona de confiscar bienes sin juicio previo. Es el derecho de propiedad, no la retórica constitucional, lo que históricamente ha contenido al poder.

Pipes distingue entre dos tradiciones: la que somete la propiedad a la voluntad del gobernante (Rusia, el Imperio Otomano) y la que condiciona el poder del Estado a respetar el patrimonio del individuo como precondición de cualquier otro derecho. El bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial —por más que se le llame "medida cautelar administrativa"— habita en una zona gris incómoda entre ambas tradiciones.

La Corte responde que el procedimiento posterior es suficiente. Pero esa respuesta merece matices. Como el propio Tribunal reconoce al revisar su línea jurisprudencial, la extinta Primera Sala había sido más exigente: en el Amparo en Revisión 1214/2016, consideró que una medida de esta intensidad —bloqueo absoluto e indefinido— requería control judicial previo, sin importar su etiqueta administrativa. Y cuatro ministros del Pleno, en la Contradicción de Tesis 26/2017, reconocieron que la medida tiene una incidencia material penal innegable, aunque formalmente provenga de una autoridad administrativa.

La sentencia actual se inclina por la postura de la Segunda Sala: el bloqueo es administrativo, preventivo, revisable y compatible con el artículo 21 constitucional. Pero no desaparece la inquietud.

Análisis económico: los costos invisibles del bloqueo

Hay un ángulo que la sentencia apenas toca y que resulta determinante para cualquier empresa o persona que opere en el sistema financiero mexicano: los costos de transacción del bloqueo.

Cuando la UIF incluye a una persona en la lista, el efecto es inmediato y absoluto: todas las instituciones de crédito deben suspender actos, operaciones y servicios. Eso significa que una empresa puede perder, de un día para otro, la capacidad de pagar nómina, honrar contratos, cumplir obligaciones fiscales y operar. El procedimiento de defensa, aun en el escenario más ágil, toma semanas. En la práctica, toma meses.

Pipes observó que una de las formas más eficaces de control estatal no es la confiscación formal, sino la capacidad de generar incertidumbre sobre la disponibilidad del patrimonio. Si el costo de ser bloqueado es tan alto que ningún actor racional se atrevería a desafiar a la autoridad —independientemente de que tenga razón—, la medida funciona como un instrumento disciplinario que va más allá de su propósito declarado.

La Corte fue sensible a este problema en la Contradicción de Criterios 214/2024, donde la Segunda Sala admitió que el bloqueo admite suspensión condicionada en el juicio de amparo: se pueden permitir operaciones básicas como el pago de nómina o gastos indispensables. Esa resolución introduce una válvula de proporcionalidad que no está en la ley, sino en la jurisprudencia. Una empresa que enfrenta un bloqueo debe saberlo.

Lo que esta sentencia significa para su operación

La validez constitucional del artículo 116 Bis 2 no es una abstracción. Tiene consecuencias prácticas concretas para personas y empresas que operan en México.

La UIF mantiene una facultad amplia para inmovilizar patrimonios con base en indicios —un estándar probatorio deliberadamente bajo. La defensa es posterior, no previa. Y la notificación corre por cuenta de la institución de crédito, no de la autoridad, lo que en la práctica puede generar demoras y problemas de certeza.

Sin embargo, la sentencia también confirma que la medida es revisable judicialmente, que el juicio de amparo procede —incluso con suspensión condicionada— y que la resolución de la UIF debe estar debidamente fundada y motivada. Cada uno de estos controles es una trinchera defendible si se activa a tiempo y con estrategia.

Pipes tenía razón en algo fundamental: la propiedad no se defiende sola. Se defiende con instituciones, con procedimientos y —cuando es necesario— con litigio inteligente.

Este análisis tiene fines informativos y no constituye asesoría jurídica. Cada caso de inclusión en la lista de personas bloqueadas presenta circunstancias específicas que requieren evaluación profesional individualizada.